Los recortes en la inversión pública y las medidas antisociales que el Gobierno ha adoptado en su política educativa y cultural son la consecuencia de tres planteamientos muy corrosivos: la destrucción sistemática de puestos de trabajo, una idea insustancial de la cultura y del conocimiento y el menosprecio alarmante de la ciudadanía española.
Existe una afirmación unánime acerca de que la difícil situación económica y social que atraviesan Castilla y León, España y el resto de Europa, sólo encontrará su salida a través de la educación y de la cultura.
Sin embargo, quienes tienen la responsabilidad de proponer medidas que sirvan para que la sociedad en su conjunto avance hacia dicha salida, nos imponen, en cambio, medidas ultraconservadoras que obedecen a las directrices de la banca alemana y de la derecha europea y que ahogan a la población, ocasionando mayores tasas de pobreza y de desigualdad social y que castigan al mundo educativo y cultural con la misma política de precarización laboral y de destrucción de puestos de trabajo que han impuesto al resto de sectores.
Las reformas laborales impuestas por los últimos gobiernos sólo han servido para facilitar el despido y dañar la dignidad laboral de los que todavía tienen la suerte de encontrar o conservar un empleo, siendo especialmente preocupante la situación de los cientos de miles de jóvenes que la política de recortes de nuestro gobierno ha empujado al exilio económico en otros países.
Educación, cultura y libertad de prensa son el fundamento de un contrato social de carácter democrático. La Constitución Española, defiende la cultura como un bien público que debe ser protegido por el Estado y la educación como el derecho a conseguir el pleno desarrollo de la personalidad humana. La operación de considerar los productos culturales como objetos de lujo y su abandono posterior a los mecanismos exclusivos del mercado y de los intereses privados, supone un intento elitista de rebajar la educación de la ciudadanía, de impedir su formación colectiva y de facilitar un panorama en el que triunfen la demagogia, los instintos bajos y las manipulaciones mediáticas de los poderes financieros.
Sin la educación de las sensibilidades individuales resultan imposibles el respeto y las voluntades solidarias que crean los vínculos de una comunidad. El desprecio a la cultura y a la educación provoca la incapacidad de comprensión mutua, porque implica el desmantelamiento del pasado común, la falta de diálogo en el presente y la cancelación del futuro.
En el mundo de la cultura los actuales daños derivados del desmantelamiento de la inversión pública, de la práctica aniquilación de las ayudas económicas a la producción cultural, que en Castilla y León se han recortado desde 2009 más del 80%, de la subida del IVA del 8 al 21%, y del importante retroceso en la capacidad adquisitiva de la ciudadanía, no sólo provocan la paralización del sector, que se concreta en cierre de empresas y pérdida de empleos, sino que se proyectan de manera irreversible hacia el futuro, porque afectan a la formación y a las posibilidades de los artistas y de los profesionales más jóvenes. Confundir la cultura con el rostro de algunos nombres famosos significa desconocer de un modo demagógico la realidad humana, económica y laboral de la música, el teatro, el cine, la literatura y el arte en todas sus expresiones.
La educación pública, desde los niveles básicos de enseñanza, pasando por los niveles de educación secundaria y bachillerato, hasta llegar a la Universidad, es un pilar fundamental de nuestro Estado de bienestar, desde el que se promueve el conocimiento y la formación cívica para fortalecer el espíritu crítico y democrático entre la ciudadanía. La inversión en educación, y más concretamente en la Universidad Pública, revierte a la sociedad mucho más de lo invertido, aportando cohesión social. La actividad formativa e investigadora que se desarrolla en nuestras universidades resulta imprescindible para conseguir una economía más desarrollada y diversificada, que esté al servicio de la ciudadanía y que escape del control de los mercados financieros.
Medidas como la subida descomunal de las tasas universitarias y el recorte de financiación pública en todos los niveles educativos, han llevado a graves recortes en las plantillas docentes. En las universidades se ha llegado a despedir a buena parte de su profesorado y de sus investigadores, lo que supone una importante merma en la calidad del sistema educativo.
Por su parte, el periodismo atraviesa en España la peor crisis de su historia, y que nadie se llame a engaño, nuestro país pagará un alto precio si asiste al deterioro del sector periodístico sin tomar medidas que palíen la situación. Y es que, dejar morir el periodismo es como dejar morir la democracia, porque resulta innegable que los medios contribuyen a su sostenimiento promoviendo el debate cívico, el intercambio de ideas y actuando como contrapoder a fin de evitar los abusos.
Y la precariedad laboral y salarial, a la que se está sometiendo muy especialmente a este colectivo, se extiende como una marea, colocando a los periodistas en una situación de indefensión ante las presiones, vengan de donde vengan. Con lo que el papel de contrapoder de la prensa queda reducido a la mínima expresión. Y es que, no podemos ignorar que, desde noviembre de 2008, entre 8.000 y 10.000 periodistas, dependiendo de las fuentes, han pasado a engrosar las cifras del ya de por si alarmante paro de nuestro país.
Los trabajadores y las trabajadoras de la cultura, de la comunicación y del mundo académico de Castilla y León que apoyamos este manifiesto, queremos denunciar esta situación y unir nuestras fuerzas a todas las personas y organizaciones que luchan por defender la dignidad de los ciudadanos españoles y el derecho constitucional a un puesto de trabajo digno.
Cada individuo afectado sufre la crisis en la incertidumbre de su propia soledad, pero las soluciones nos esperan allí donde seamos capaces de reunirnos; las soluciones han de ser compartidas y solidarias. Por eso nos comprometemos a movilizarnos de manera colectiva para defender la democracia, la justicia social y los servicios públicos en nuestro país y en una Europa diferente.
Y por eso apoyamos la convocatoria de Huelga General que la Cumbre Social de Castilla y León ha respaldado y que tendrá lugar el próximo 14 de noviembre, en coordinación con otros países de nuestro entorno que están sufriendo situaciones similares.
Debemos perder el miedo a manifestar nuestras opiniones; no podemos acobardarnos ante los continuos recortes y ante el desmantelamiento o debilitamiento de los servicios sociales, culturales y educativos.
Vivimos un momento de urgencia social en el que tenemos que unirnos, de manera solidaria, para recuperar nuestros derechos. Sólo desde la defensa de la educación, la libertad de prensa y la cultura podremos hacer frente a las medidas que desmantelan los derechos alcanzados durante años. Sólo desde la respuesta social habrá futuro.
REBE :)
